Tras una primer capítulo dedicado a intentar explicar “el porqué y el para qué” de la represión, a cargo de la misma historiadora, Manuel Álvaro Dueñas hace en el libro un repaso de cómo el franquismo se dedicó a modificar leyes para intentar legitimarse y expoliar a los perdedores.

Este proceso culminaría con la Ley de Responsabilidades Políticas, que dejó en la miseria a miles de familias o entidades que habían estado vinculadas a la República, y cuyas propiedades y bienes fueron incautados por los golpistas intentando dar a este proceso un falso barniz de legalidad.

La segunda parte de la obra se centra en la represión judicial y militar en Huelva entre 1936 y 1945, un trabajo de Francisco Espinosa y José María García Márquez. Esta provincia andaluza sirve como paradigma del exterminio premeditado que el franquismo infligió a la población considerada desafecta a sus propósitos, una violencia que, según los autores, está documentada en esta zona en cerca de un 80% de sus víctimas.

El libro se cierra con un informe sobre la represión, a cargo de Espinosa Maestre, que recoge el conjunto de investigaciones existentes sobre la violencia institucional del régimen durante la guerra y la posguerra.

Este estudio, originalmente elaborado para entregarlo en el juzgado central de instrucción número 5 presidido por Baltasar Garzón, es “un resumen del estado actual de los estudios e investigaciones de la represión franquista”.

Para el profesor de la Universidad Rovira i Virgili, Josep Sánchez Cervelló, La gran represión es un “libro extraordinario” porque explica la formulación jurídica en la que el franquismo basó su represión, la “aberración” que supuso la promulgación de leyes de aplicación retroactiva, una “maleabilidad legal” que tenía como objetivo “ejemplificar sobre las víctimas el impacto que la dictadura quería impulsar”.

Sánchez Cervelló apunta que el libro desvela también la “mecánica de la infamia” y los “rituales de la humillación” que la dictadura puso en marcha para aniquilar la dignidad de decenas de miles mujeres del bando republicano, quienes, además de sufrir violaciones sistemáticas, fueron “reeducadas” en “reformatorios especiales”.

En este sentido, Mirta Núñez cree que la Iglesia Católica no ha reconocido aún el importante papel que jugó en esta represión, ya que muchos de estos centros de reeducación fueron gestionados por el clero.