PP y ERC presentan sendos vetos en el Senado a la Ley de Memoria Histórica

29/11/2007

Efe
Madrid

El grupo del PP y los senadores de ERC han presentado en la Cámara Alta sendas propuestas de veto a la Ley de Memoria Histórica, como ya hicieron durante su tramitación en el Congreso, donde ambos partidos votaron en contra de la norma.

CiU, PNV y algunas de las formaciones que componen el Grupo Mixto -BNG, EA, Partido Socialista de Mallorca (PSM), así como el senador independiente Francisco Javier Tuñón- han registrado una serie de enmiendas parciales para modificar algunos de los aspectos de la ley aprobada por la Cámara Baja el pasado 31 de octubre.

El plazo de presentación de enmiendas a la ley, tras la solicitud de ampliación del grupo popular, que se aplicó automáticamente en virtud del reglamento de la Cámara, expirará a las 24.00 horas de hoy, por lo que la Ponencia comenzará a trabajar para estudiar el texto remitido por el Congreso el miércoles.

Tras la reunión de la Ponencia el texto se debatirá y aprobará, en su caso, en la Comisión Constitucional del Senado.
Sólo quedaría, por tanto, el paso de la norma por el Pleno de la Cámara Alta, lo que previsiblemente ocurra a mediados de diciembre, en sesión extraordinaria.

Si la ley no sufriera cambio alguno, acabaría en la Cámara Alta su tramitación parlamentaria para a continuación publicarse en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor.

El grupo socialista, para que sean posibles estos plazos, no quiere que la ley sufra ninguna modificación y, por ello, confía en que en el Senado sea respetado el “acuerdo cerrado” que la norma logró en el Congreso.

El grupo popular no ha facilitado aún el contenido del veto ni de las aproximadamente 15 enmiendas parciales que tiene previsto registrar.

Por su parte, ERC justifica su veto en que el texto remitido por el Congreso se aleja de sus premisas.

Entre ellas está el reconocimiento jurídico de la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron la persecución durante la dictadura, la anulación de las sentencias dictadas desde 1936 hasta la muerte de Franco y el reconocimiento jurídico y moral de las personas que formaron parte de las distintas organizaciones armadas antifranquistas.

También quieren desde este grupo la “museización” del Valle de los Caídos, la retirada de los símbolos franquistas de todos los espacios, vías y edificios públicos y la formalización por parte del jefe del Estado en nombre del Estado español de la demanda de perdón a las víctimas, entre otras propuestas de modificación.

Por su parte CiU y PNV en el Senado, aunque en la Cámara Baja apoyaron la norma, han planteado una serie de enmiendas, de las que el primero de los grupos aún no ha informado.

El grupo parlamentario de senadores vascos ha registrado una única enmienda, en la que se propone la adición de un nuevo punto al artículo 20.

El objetivo de la enmienda es la restitución a las instituciones autonómicas y forales de Euskadi de los documentos incautados durante la Guerra Civil, al considerar que las mismas tienen el mismo derecho que las instituciones autonómicas catalanas a las que se ha procedido a devolver dicho patrimonio.

Por parte del Grupo Mixto se han presentado alrededor de cuarenta enmiendas entre las que figura una del senador Francisco Javier Tuñón San Martín para que se transforme el Valle de los Caídos en el Centro del Memorial de la Libertad y del mismo se retiren los restos mortales de Franco y José Antonio Primo de Rivera.

José Ramón Urrutia (EA), también del Grupo Mixto, propone la creación de una fiscalía especializada “como una forma práctica de contribuir de modo decisivo al esclarecimiento, la sanción y la reparación de crímenes de la Guerra Civil y del régimen franquista”.

El mismo senador propone la constitución de la “Comisión de la Verdad” para “procurar mejorar el reconocimiento y la reparación” de las víctimas que “han sufrido y siguen sufriendo los horrores de la Guerra Civil y la dictadura”.

Otro de los diputados del Grupo Mixto, Pere Sampol (PSM), insiste, por su parte, en la necesidad de anular “los actos ilegítimos de tribunales declarados ilegítimos, en aplicación del Derecho Internacional vigente”.

Fuente:  www.canarias7.es

Fuente de la fuente: EFE-Madrid.