España va recuperando su historia más dolorosa. La que castigó el franquismo y olvidó la Transición.
Fuente: publico.es
Lo hizo primero con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, en el último aliento de la pasada Legislatura. Y lo hace ahora, dando cuerpo normativo a aquello que las Cortes Generales rubricaron. Porque es en este mes de octubre cuando el Gobierno pretende completar todo lo que le mandataba la ley. La Moncloa aprovecha el viento favorable que sopló el juez Baltasar Garzón al reclamar a las administraciones -y a la Iglesia- un censo de los desaparecidos en la Guerra Civil y en los años posteriores.
La primera y tímida revelación de los planes del Ejecutivo emergió ayer en la sesión de control en el Congreso. Y fue por requerimiento del coordinador general de Izquierda Unida. Gaspar Llamazares instó a la vicepresidenta a cumplir con su “obligación legal y moral” de desarrollar la Ley de Memoria. “Tenemos la impresión de que el Gobierno se olvida de la norma que él mismo ha aprobado”, sostuvo.
María Teresa Fernández de la Vega le respondió con el anuncio: la Moncloa tiene ya “casi ultimado” el desarrollo de la ley. No dio más señas.
Cuatro reales decretos
Las hay. Según confirmaron fuentes de la Vicepresidencia a Público, el Gobierno se ha dado de plazo “este mes” para redondear la recuperación de la memoria histórica. Lo hará de forma escalonada. Y comenzará este viernes, cuando el Ejecutivo remita al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, cuatro proyectos de reales decretos.
Uno, el que regulará la emisión de las declaraciones de reparación a los que sufrieron persecución en la guerra o en la dictadura. Dos, el que articulará las indemnizaciones a los fallecidos por defender la democracia a finales de los sesenta y en los setenta. Tres, la norma que concederá la nacionalidad española a los brigadistas internacionales. Y cuatro y último, el real decreto que reorganizará el Archivo General de la Guerra Civil, alojado en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.
Bajo la tutela de De la Vega
Una vez que se pronuncie el Consejo de Estado, el Ejecutivo tendrá vía libre para aprobar las cuatro normas, que entrarán en vigor con su inmediata publicación en el BOE.
En paralelo, el Gobierno desplegará los aspectos “menos complejos” de la ley. Aquellos que requieren menos pasos, y para los que bastan simples instrucciones ministeriales, “coordinadas” en todo caso por De la Vega, insisten fuentes de la Vicepresidencia.
Quedaría un último fleco, el más simbólico: el dibujo del mapa de fosas
Para dos objetivos -facilitar la nacionalidad a hijos y nietos de españoles y el acceso a las actas de defunciones de los muertos durante y después de la contienda- se implicará a la Dirección General de Registros y Notariado. Para ejecutar la retirada de símbolos franquistas, se contará con otra dirección general, la de Bellas Artes y Bienes Culturales. Será también competencia del departamento que dirige César Antonio Molina la regulación del acceso a los fondos de los archivos públicos y, sobre todo, los privados. Finalmente, otro acuerdo del Consejo de Ministros pondrá en marcha la elaboración de un censo de obras realizadas en la posguerra mediante trabajos forzosos.
Aún quedaría un último fleco. Quizá el más simbólico: el dibujo del mapa de fosas. Para ello, el Gobierno debe acordar con los ayuntamientos y las comunidades autónomas cómo proceder a las exhumaciones. “Queremos consensuar el protocolo de forma ágil y rápida, para que dispongamos cuanto antes de la radiografía de los enterramientos”, afirman desde el Ejecutivo socialista.
La premisa es “máxima colaboración y compromiso”. Con Garzón y con las víctimas en un asunto “muy doloroso para todo el mundo”, recordó ayer De la Vega. “El Gobierno debe ayudar a las familias que quieren cerrar sus heridas porque al final hablamos del derecho de los protagonistas y sus allegados a recuperar su memoria individual y colectiva”. La maquinaria, si no hay contratiempos, ya está rodando.
