Casi un año después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica que el juez Garzón ha vuelto a poner de actualidad, el Gobierno anuncia ahora otras ocho normas para desarrollar uno de los textos más polémicos de su anterior mandato. Lo desveló ayer la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, en el Congreso, al hilo de una pregunta del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, sobre las actuaciones del Ejecutivo en esta materia.
Fuente: larazondigital.es
Entre los aspectos que desarrollarán la Memoria Histórica está el procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes del franquismo, pero también la regulación de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que debe ser expedida por el Ministerio de Justicia.
De la Vega no detalló cuándo se aprobarán las normas, pero destacó entre las que están más avanzadas la que elaborará el censo de obras realizadas mediante trabajos forzados, la retirada de símbolos y las indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas por defender la democracia en el tardofranquismo. En el mismo paquete incluyó un texto que otorgará la adquisición de la nacionalidad española para los brigadistas internacionales y los hijos y nietos de los exiliados, y otro que regulará la consulta de actas de defunción de los registros civiles y la reorganización del Archivo de la Guerra Civil. Hasta el momento, el Ejecutivo ya ha subvecionado 63 proyectos de identificación y exhumación, y mejorado las pensiones de orfandad y de presos políticos. Todo ello sin desatender, recordó De la Vega, los requerimientos que el juez Garzón ha trasladado a distintos ministerios.
Con todos estos argumentos la también ministra de la Presidencia daba respuesta al líder de IU, formación con la que el Gobierno pactó la Ley de Memoria hace casi un año, y salía al paso de las críticas de Llamazares al silencio administrativo de su Departamento a más de una veintena de preguntas escritas sobre este asunto. «El Gobierno tiene la obligación no sólo moral, sino también legal», enfatizó Llamazares tras afear a De la Vega la tardanza en el desarrollo de la norma. «Cumplan con la ley, con el Derecho internacional y la dignidad de las familias», exigió el diputado de IU, quien urgió al Ejecutivo a aprobar ya los protocolos científicos y los procedimientos de autorización para la exhumación de cadáveres
