En el PP de Galicia afirman que fue un apoyo matizado. Sí. Pero no por ello dejan de estar exentas de polémica. En el debate anual del Parlamento gallego, los conservadores apoyaron dos propuestas de resolución, impulsadas por socialistas y nacionalistas, por las que han tenido que dar explicaciones a la dirección nacional de su partido.
En una se condena la dictadura franquista y se apoyan medidas que figuran en la Ley de Memoria Histórica, duramente criticada por el PP nacional. En la otra, se pide impulsar el uso del gallego.
Respecto al primer asunto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Galicia, Manuel Ruiz Rivas, explicaba ayer que había sido “la primera vez” que se les había dado “la oportunidad de introducir que había habido ‘víctimas de la represión ejercida durante la Guerra Civil’, poniendo a todas ellas a un mismo nivel”.
“Examen de demócratas”
Desde el PPdeG denunciaban que les parecía estar siempre sometidos “a un examen de demócratas” y se quejaban de que se les intentara hacer “herederos de algo que evidentemente no somos”.
Si en esta ocasión habían ido de la mano de PSdeG y BNG había sido, según explicaron, porque en esta ocasión “se daban las circunstancias adecuadas para cerrar una página de desencuentros parlamentarios”. Los conservadores consideran que se zanja así, de una vez por todas, esta cuestión y se pueden poner a trabajar en la crisis económica, “que es lo que verdaderamente importa”.
De todos modos, Rivas no se explicaba la polémica que se había desatado porque ya en 2002, con José María Aznar al frente del PP, se condenó el franquismo en el Congreso. Era cierto, pero también lo es que por primera vez el PP apoya de forma explícita la eliminación de los símbolos franquistas y anuncia su intención de colaborar en la identifiación de los desaparecidos y enterrados en fosas comunes, algo sobre lo que en el PP nacional ni se habla.
El portavoz del PP en el Parlamento gallego aseguraba que no se estaban desmarcando de la línea oficial:”Tenemos una independencia grande en la toma de decisiones”.
En la cúpula del partido no parecía que se hubieran enterado bien de los detalles. Al preguntarle al vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, si el giro obedecía a la cercanía de las elecciones autonómicas gallegas, respondía que “honestamente” no pensaba “que, a estas alturas, la condena o no del franquismo dé o quite votos”.
Pons se mostraba convencido de que sus compañeros de partido habían tomado la decisión “en función de la situación parlamentaria” con la que se habían encontrado. “Tengo entendido que se vieron forzados por el Bloque y por el PSOE a aprobar una proposición algo confusa”, remarcaba Pons al tiempo que recordaba que su partido era de “centro”.
Sus palabras contrastaban con los hechos. Por eso y para quitarle hierro al asunto, el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, inistía en que no había “diferencias” con las altas instancias de su partido y que le parecía que su formación había actuado “correctamente”. “Siempre apoyaremos todo lo que sea bueno para la democracia y para recuperar el espíritu de la Transición”, indicó.
Aún así, todavía quedaba otro detalle. Por si fuera poco, el PP presentaba este jueves una batería de preguntas escritas al Gobierno en la Cámara Baja para conocer a quiénes beneficia la Ley de Memoria Histórica y qué coste había supuesto la concesión de sus indemnizaciones. El secretario general del PP en el Congreso, José Luis Ayllón, solicitaba “un listado detallado” y conocer los proyectos subvencionados con fondos públicos que se referían a la indagación, exhumación e identificación de personas desaparecidas. Mientras Rajoy prefiere “no hablar del pasado”, los suyos llevan otro camino.
Impulso de la lengua gallega
Pero no fue la única sorpresa que hubo en el Parlamento gallego. También por unanimidad salió adelante una resolución para reconstruir la unidad de acción en torno a la política de normalización para impulsar el uso del gallego.
Los conservadores gallegos explican que la aprobaron porque se incluyó “el respeto a los derechos de todos” y era “confome al Estatuto de Autonomía”. “Decimos sí a la ley y al plan de normalización porque lo trajimos nosotros al Parlamento”, señalaba Ruiz Rivas. “Pero no al decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza porque pensamos que no se garantizan los derechos”, añadía.
Feijóo se encargaba este jueves de explicar que en cuanto llegue a la Presidencia de la Xunta lo piensa “derogar” porque es una normativa “discriminatoria”.
Fuente: publico.es
