El caso que denuncian las irundarras Flor y Cristina Carrasco forma parte de un sumario, con un centenar de denuncias, que esta semana ha sido enviado al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y son sólo la punta del iceberg. «Lo ocurrido en España es lo mismo que sucedió en la dictadura argentina pero aquí revistió caracteres más crueles y, sobre todo, de mucha más larga duración», asegura Fernando Magán, uno de los abogados que interpuso el 14 de diciembre de 2006 la denuncia ante la Audiencia Nacional para que se hiciera justicia con las víctimas del franquismo. Aquel día Baltasar Garzón estaba de guardia y ahora está encausado por declararse competente sobre esta causa.
Según los datos de los investigadores, sólo en la primera etapa del franquismo, se calcula que hubo 30.000 afectados por las tramas de robos de bebés. «A partir de los 50-60, la cifra puede ser incluso más numerosa porque están implicadas la mayoría de clínicas de las ciudades más importantes de España», apunta el legrado.
A las diferencias con el caso argentino se une la «enorme resistencia que hay en España a «levantar la losa que guarda el pasado, a que se conozca la verdad». Magán confiesa que se están encontrando con verdaderas trabas para investigar las denuncias. «Hay una gran resistencia y el hecho de que un juez que investigó esto, como es el juez Baltasar Garzón, esté siendo procesado lo dice todo», explica.
«De momento hay una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, donde primeramente se localizó un foco de unas personas dedicadas a estas tramas. Pese al informe favorable del fiscal, la demanda no se admitió. Pedimos la nulidad y ahora el asunto va camino del Tribunal Constitucional».
El auto de Garzón
Magán concreta que existe otro procedimiento que está a expensas del trabajo de la propia Fiscalía que informó favorablemente en Madrid y «de lo que el Tribunal Supremo dilucide sobre la querella contra Garzón, que puede determinar que no se siga investigando».
No en vano, el auto de Garzón sobre las denuncias de asociaciones de Recuperación de la Memoria recoge, entre otros aspectos, la necesidad de investigar la desaparición de niños. El juez centra su escrito en los menores que fueron «sustraídos» en los primeros años del franquismo. Garzón califica que en España se creó un «sistema de desaparición de menores desarrollado bajo la cobertura de una aparente legalidad» por lo que pide investigar su alcance delictivo.
