La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acude a la vía administrativa y no descarta recurrir el auto de la juez que se declara incompetente para emitir el permiso
Las familias del banderillero Francisco Galadí y la del maestro Dióscolo Galindo, dos de los fusilados supuestamente enterrados en la misma fosa donde yace el poeta Federico García Lorca, han emitido la orden a la asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica para impulsar la vía administrativa en aras de conseguir los permisos para abrir la fosa ubicada entre Víznar y Alfacar. La anunciada inhibición de la titular del juzgado de instrucción número 3 para autorizar este permiso ha obligado a sacar la artillería pesada.
Las familias quieren recuperar la memoria de los fusilados vilmente por las tropas de Franco y disponer de sus cuerpos para tener un sitio donde rendirles el homenaje que le hurtaron en vida.
Rafael Gil Bracero, presidente provincial de la asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, anunció ayer que a partir de mañana pondrán en marcha el operativo para pedir permiso a la Diputación provincial, propietaria de los terrenos donde está la fosa, y a la delegación provincial de Cultura, la correspondiente autorización para abrir la fosa. «Hay un estudio arqueológico ya hecho y entendemos que nuestra actuación sería la misma que la desarrollada en un yacimiento arqueológico, amparada por el texto de la Ley de Memoria Histórica. No debe haber problema alguno», dijo Bracero.
La asociación no se quedará sólo en la vía administrativa. Espera la llegada del auto emitido por la juez Aurora Fernández para conocer las posibilidades de recurrir el auto. «Si vemos al más mínimo resquicio de poder hacerlo, lo recurriremos».
Y la tercera posibilidad, si fallaran las dos anteriores es iniciar un contencioso administrativo en el caso de que la delegación provincial de Cultura le negara el permiso correspondiente para exhumar la fosa.
Tres meses de plazo
Gil Bracero maneja un plazo de «tres meses» para disponer de los correspondientes permisos administrativos para actuar. El primero será de la Diputación para permitir a la asociación trabajar sobre un terreno público de su propiedad y el segundo será para autorizar la exhumación de la fosa.
La Ley de Memoria Histórica dice en su artículo 13: «Las Administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo 11, de acuerdo con la normativa sobre patrimonio histórico y el protocolo de actuación que se apruebe por el Gobierno».
La Fiscalía del TSJA también ha expresado por escrito que la exhumación de las fosas de la Guerra Civil puede asimilarse a la intervención en un yacimiento arqueológico, premisa a la que se acoge la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para pedir la correspondiente autorización a Cultura para intervenir.
Sí, pero…
El delegado provincial de la Consejería de Cultura, Pedro Benzal, se mostró ayer receptivo ante la inminente petición que les formularán los descendientes de los fusilados para descubrir el osario donde supuestamente están los cuerpos de Lorca, Galindo y Galadí. Sólo la familia del poeta de Fuente Vaqueros se niega a remover el pasado para abrir la fosa. «La dirección general de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía es la competente en autorizar o no la prospección en un yacimiento arqueológico. Nosotros sólo nos limitamos a emitir un informe que elaborarán los técnicos, una vez oída la asociación para la recuperación de la Memoria Histórica que haremos llegar a esta dirección general», explicó ayer Benzal.
El delegado de Cultura se muestra «tranquilo» con este caso y asegura que como «Administración pública debemos respetar las sentencias judiciales, pero si podemos hacer oír nuestra voz, amparados por la Ley de Memoria Histórica, lo haremos».
Sobre la interpretación de exhumar la fosa argumentando que es un yacimiento arqueológico, dijo que serán los técnicos quienes diriman si se puede aplicar esta premisa o no. «Puede haber vías para argumentar una justificación adecuada para realizar una prospección arqueológica», sentenció. Pero… «serán los técnicos quienes estudien el caso». Mientras tanto, los fusilados siguen esperando.
