La Diputación alavesa indemnizará con 138.200 euros a los familiares de cada uno de los cinco obreros que murieron como consecuencia de una carga policial el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Además, el proyecto de norma foral aprobado ayer en el consejo de diputados contempla compensaciones económicas para las personas que en la misma jornada resultaron heridas y sufrieron distintos grados de invalidez. En estos casos, las cuantías oscilarán entre 36.000 y 390.000 euros.
En realidad, lo que ha acordado la Diputación ha sido adelantar las indemnizaciones que contempla la Ley de Memoria Histórica, pero cuya aplicación ha quedado demorada por la falta de desarrollo reglamentario. Para evitar que, tras 32 años, las familias de las víctimas sigan siendo ignoradas por la Administración, la entidad foral ha aprobado habilitar un crédito extraordinario para la financiación económica de las prestaciones. Eso sí, si en el futuro el Gobierno central no reconociera las indemnizaciones o lo hiciera en una cuantía inferior, la Diputación asumiría la diferencia.
Plazo de un año
El teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, recordó que, «tras 30 años, las víctimas de aquellos dolorosos sucesos no han recibido ningún tipo de compensación, a pesar de que la sociedad y las Instituciones representativas más cercanas han mostrado su reconocimiento y su solidaridad». Se refería, entre otras cosas, a la Medalla de Oro que la Diputación entregó el sábado al colectivo de familiares de las víctimas.
Las personas beneficiarias podrán solicitar, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del decreto foral, la concesión de la indemnización que pudiera corresponderles. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las solicitudes será de un año.
Por la recuperación de la memoria histórica de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
