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MADRID (AFP) — La mayor asociación de familiares de víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), recurrirá la decisión de la justicia española de anular las autorizaciones de exhumaciones y continuará abriendo fosas comunes, ya que estiman que se trata de una decisión política.
“Vamos a recurrir la decisión de la sala”, aseguró a AFP Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que añadió que “esto tiene mucho de decisión política”.
Silva indicó que la asociación seguirá abriendo fosas a pesar de la decisión de este viernes. “Vamos a seguir adelante”, “no hay ninguna ley que nos lo pueda impedir”, “tenemos toda la legitimidad del mundo y las familias también”, aseguró.
La Audiencia Nacional paralizó este viernes temporalmente las autorizaciones para abrir fosas comunes y exhumar cuerpos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) a la espera de decidir si el juez Baltasar Garzón es competente para investigar la suerte de esos fallecidos.
La ARMH comenzará el sábado la apertura de una fosa en la que se cree que están enterradas 11 personas en la provincia de Huelva, aunque la fosa no está incluida en la lista de las 25 que Garzón ha autorizado hasta el momento.
Silva sospecha que la decisión “tiene que ver en parte con la política”, ya que el gobierno se opone a que Garzón investigue más de 114.000 desapariciones, que considera “crímenes contra la humanidad”, y la fiscalía, que depende del ministerio de Justicia, también.
Además, el Gobierno español “no ha hecho hasta ahora mucho caso” a las legislaciones de derecho humanitario internacional, alega.
La demanda que hizo la ONU el jueves a España para que anule la ley de aministía de 1977 es para la ARMH “un argumento como una catedral” que sería “muy potente” si la justicia española decide no investigar y la asociación acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, explicó.
En cuanto a la apertura de la fosa del poeta Federico García Lorca, a lo que su familia se opone, recordó que ésta “se puede oponer legalmente y no lo ha hecho”. “Si quieren dejar el cuerpo allí, lo pueden hacer”, estimó.
“Un delito no se resuelve si a un familiar le apetece o no, el delito se investiga por ley”, declaró.
